La indispensable congruencia

En los últimos días se han multiplicado las voces de alarma ante el fin de las cuotas compensatorias a las importaciones de calzado chino, afirmando que están en riesgo más de 2 mil empresas mexicanas y varias decenas de miles de empleos. De manera similar, hay numerosas expresiones de rechazo a la entrada en vigor de las últimas desgravaciones previstas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el sector agropecuario, por considerar que tendrán un efecto catastrófico para cientos de miles de productores de maíz y frijol.

El público que se entera de estas situaciones a través de los medios de comunicación puede considerar que se trata de sorpresas sumamente desagradables por su potencial de daño a la economía nacional. Sin embargo, es importante recordar que el tema de las cuotas compensatorias al calzado chino se viene manejando desde 1993; que las decisiones al respecto se confirmaron en 1997 y que las cuotas se extendieron por cinco años a partir de diciembre de 2002. En el caso del TLCAN la reducción gradual de aranceles a las importaciones de maíz blanco y frijol, hasta su eliminación el 1 de enero de 2008, se pactó igualmente en 1993.

Es decir, han transcurrido catorce años desde que el gobierno mexicano asumió compromisos con potencial para afectar a los sectores productivos antes mencionados y lo único que resulta verdaderamente sorprendente es la ausencia de políticas públicas destinadas a evitar que se llegue a esta especie de callejones sin salida.

Desde luego no estoy pensando en levantar nuevos valladares para salvaguardar determinados sectores de la economía, sino en políticas de desarrollo agropecuario e industrial que a lo largo de los años debieron respaldar el incremento productivo en nuestro país, y en el fomento a acciones de diverso tipo que nos pudieron hacer competitivos. La aplicación exitosa de esas políticas y acciones se habría traducido en creación de empleos y generación de riqueza, permitiendo a la población adquirir los bienes que necesita, independientemente del lugar donde se producen.

A la frecuente suscripción de tratados internacionales y a nuestra incorporación a mecanismos como la Organización Mundial de Comercio (OMC), no siempre ha correspondido la puesta en práctica por parte del gobierno mexicano de medidas orientadas a conseguir su máximo aprovechamiento; todo se ha dejado a las fuerzas del mercado, actitud que no han asumido los países que hoy se presentan como grandes competidores en la escena global. Con diferencias de enfoque, todos ellos están procurando compensar los segmentos en los que tienen desventajas, con el impulso a otros en los que reúnen mejores condiciones para competir.

A la fecha, 151 países han ratificado su adhesión a la OMC en busca de reglas equitativas en materia de flujos comerciales. México lo hizo en 1995, junto con la mayoría de las naciones latinoamericanas, incluida Cuba. Es innegable que la OMC se encuentra en una etapa crítica y hay pesimismo respecto a los resultados finales de la ronda de Doha, pero también sería un error vulnerar este mecanismo multilateral o pretender el retorno a autarquías impensables en un mundo global. Hay mérito en los planteamientos clásicos de las ventajas comparativas.

Para que el conjunto de mexicanos pueda obtener satisfactores para una mejor calidad de vida es urgente la congruencia. El gobierno mexicano debe respaldar de manera decidida la modernización y el desarrollo acelerado de los sectores productivos en los que México reúne condiciones para competir con ventaja, tanto nacional como internacionalmente. Lo demás es pensar que podemos recrear un mundo que dejó de existir.

Para ganar hay que competir

El Anuario Estadístico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) correspondiente a 2007, da cuenta que ese año el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México fue de 3.3%, porcentaje igual al alcanzado por Haití, y sólo superior al de Belice, Nicaragua y Ecuador entre los países continentales. Lo anterior contrasta con los resultados obtenidos por el resto de las economías latinoamericanas: Argentina (8.9%), Brasil (5.3%), Guatemala (5.5%), Perú (8.2%), Uruguay (7.5%) y Venezuela (8.5%), para citar algunas de ellas.

A esa desalentadora información se une la estimación de un crecimiento de 2.7% de la economía mexicana que hace la propia Cepal para 2008, el menor entre 20 países latinoamericanos. Esta apreciación fue prácticamente confirmada por el Banco de México, que considera que el PIB nacional sólo se incrementará 2.8%. Otras fuentes, como la Canacintra, son todavía más pesimistas y vaticinan que no pasará de 2.5%.

La noticia y las predicciones antes referidas son una demostración contundente de que la economía nacional no está creciendo al ritmo que demandan las necesidades de empleo, ingreso y servicios de una población que ya rebasa los 105 millones de personas. Además, se está rezagando en comparación con la mayor parte de las economías de América Latina.

El incremento de los precios de las materias primas explica el crecimiento del PIB en varios de los países mencionados, lo que hace difícil entender la situación de la economía mexicana, sobre todo si se toman en cuenta los incrementos que ha experimentado el precio del petróleo, que en México han generado excedentes multimillonarios.

Una parte de la explicación reside en el destino dado a dichos excedentes, al orientarlos prioritariamente al gasto corriente y en alguna medida al gasto social, pero sin emprender una mejora sustancial de las infraestructuras que faciliten la movilización de bienes. Seguimos careciendo de un sistema ferroviario suficiente y de una red carretera que conecte de manera fluida las zonas productivas con las áreas de consumo y los puertos terrestres y marítimos de salida de las mercancías destinadas a la exportación.

Si en otro momento resultó criticable el seguimiento imperturbable de los criterios emanados del Consenso de Washington que se traducían en la carencia de una política social, los últimos tiempos se ha dado un movimiento pendular que ha multiplicado programas asistenciales destinados a los grupos sociales más desfavorecidos, los cuales no generan condiciones para la sustentabilidad y tampoco constituyen una solución duradera.

Sin menoscabo de lo anterior, es necesario poner atención a las variables macroeconómicas, cuyo comportamiento es observado por quienes tienen la capacidad de venir a realizar inversiones directas en sectores productivos. Informes como el de Cepal y opiniones sólidamente fundadas como las de nuestro banco central, así como su encadenamiento con otras series de análisis, en poco contribuyen a la atracción del capital externo.

Si al desfallecimiento de la economía mexicana se añade la violencia que perturba cotidianamente la vida nacional, se podría producir un alejamiento de los inversionistas extranjeros en busca de ambientes más dinámicos y seguros para el establecimiento de fuentes de producción y empleo, confirmándose las apreciaciones de empresas calificadoras de riesgo, como Standard and Poor’s, de cuya lectura se deriva que merced a instituciones débiles e ineficaces estamos perdiendo la batalla de la competitividad que se libra a nivel global.

Son apremiantes, pues, una profunda reorientación en el manejo de la inversión pública y una estrategia que pruebe su eficacia en el combate a la violencia, para poder aspirar al México ganador prometido por la actual administración federal.

Una Norteamérica a la europea

El ‘New York Times’ publicó recientemente un artículo que daba cuenta de los problemas que confrontan comunidades estadounidenses por el cierre de empresas que emigran a otras naciones, entre ellas México, como resultado de decisiones tomadas en terceros países por consideraciones tales como el costo de la mano de obra, las tendencias del tipo de cambio o la evolución de los mercados, entre otras.

El resultado concreto es la pérdida de empleos y la depresión económica que sufren las comunidades al perder fuentes de producción. Desde luego, hay regiones en EU que por su vocación y tradición industrial están más expuestas que otras a sufrir este tipo de complicaciones.

La situación descrita es una manifestación más del proceso de globalización, frente al que se consideró inmune la economía más poderosa del planeta. La evidencia de que ello no es así coloca a nuestros vecinos del norte ante la necesidad de encontrar mecanismos de compensación que les permitan auxiliar a sus comunidades afectadas, las cuales se suman a otras áreas urbanas y rurales que padecen problemas de pobreza.

De hecho, los pobres en la Unión Americana suman 37 millones (lo que equivale casi a la población de toda Centroamérica) y representan 12.6% del total de la población del país, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Esta situación podría agravarse por los problemas actuales de la economía estadounidense.

Por supuesto, México tiene un problema de pobreza mucho mayor y Canadá también presenta algunos problemas en este rubro, aunque en menor escala. Así, resulta evidente que en los tres países asociados en el TLCAN existen áreas y sectores históricamente afectados por la pobreza y eso determina importantes disparidades nacionales que eventualmente se traducirán en problemas a nivel regional.

Esta clase de situaciones está presente también en el ámbito de la Unión Europea pero ha sido resuelta bajo la óptica de que el bienestar del conjunto tiene como condición indispensable el bienestar de cada uno de sus integrantes. De ahí la creación de los fondos de cohesión y estructura que, aplicados a la solución de los problemas de rezago de países, y de regiones dentro de cada nación, han dado fortaleza a la Unión y generado las condiciones para el desarrollo de un mercado de 500 millones de personas, cada vez más homogéneo.

En numerosas ocasiones he llamado la atención sobre ese hecho y sugerido que una política similar debiera ser puesta en práctica en la región norteamericana. Esa lógica, además, debería extenderse a Centroamérica en un replanteamiento auténtico del Plan Puebla Panamá.

Con lo anterior se estarían construyendo las bases para un mercado regional de dimensiones casi iguales a las de la Unión Europea, y reduciendo problemas que hoy son causa, entre otros fenómenos, de presiones migratorias.

Hoy concluye en Nueva Orleáns la cuarta reunión Cumbre de los Líderes de Norteamérica, cuyas preocupaciones centrales son la prosperidad y la seguridad. Es muy probable que este mecanismo de diálogo y concertación en el que participan los presidentes de México y Estados Unidos, así como el primer ministro de Canadá, se mantenga después del cambio de gobierno estadounidense.

Sería altamente deseable que en el futuro este esquema de comunicación al más alto nivel se proponga metas de integración regional equilibrada, que incluyan fondos para impulsar la cohesión social y económica en cada uno de los tres países de Norteamérica y en los siete del istmo centroamericano, para compensar las disparidades entre todos ellos con el objetivo de consolidar una gran región cada vez más próspera y segura.

Atento recordatorio

Con gran frecuencia en el escenario político se hacen referencias dolosas al Partido Revolucionario Institucional, bien para acusarlo de coludirse con el poder en contra de los intereses de la sociedad, bien para culparlo de los problemas para los que no se encuentran soluciones.

En el primero de los casos, lo que se busca es justificar la propuesta de abandonar el debate, argumentando que existe una conjura, y en el segundo, la idea es demostrar que todo lo hecho durante los decenios en que gobernó el PRI es deleznable, tratando de responsabilizarlo de todos los males y de cubrir errores del presente atribuyéndolos al pasado.

 

A la vista de esta circunstancia, conviene una mirada retrospectiva para referir algunos logros de los gobiernos priístas, entre los cuales destaca la creación de instituciones que hoy son clave en la vida nacional: el Ejército y la Armada profesionales, el Banco de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Politécnico Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin duda, los gobernantes pasan, las instituciones permanecen.

 

Resultaría imposible entender al México actual sin valorar las decisiones asumidas por el PRI en materia de desarrollo democrático, desde el voto de la mujer, en 1953, hasta la creación el Instituto Federal Electoral, en 1990, pasando por el diseño y la puesta en práctica de diversos ordenamientos que reconocen el derecho de los partidos minoritarios a estar representados en los cuerpos legislativos. Todo, sin olvidar la creación del IFAI para dar transparencia al ejercicio del poder público.

 

Sería irresponsable negar que en el trayecto se cometieron errores y se generaron insuficiencias que obligaron a abrir el diálogo entre el gobierno y la sociedad, en el cual, si bien hubo momentos de crisis y hasta de brutal confrontación, acabaron triunfando decisiones de modificación de estructuras y dispositivos jurídicos que ya no respondían a las demandas del momento. Lo cierto es que el PRI supo enfrentar ese reto transformador con responsabilidad y propició los cambios necesarios para garantizar condiciones democráticas y lograr estabilidad y paz social.

 

Hoy, mi partido ha asumido plenamente su condición de opositor en ese sistema democrático a cuya construcción contribuyó de manera decisiva, lo que implica desempeñarse con lealtad a las instituciones en las tareas que nos confía la sociedad. Es decir, actuando, como lo hemos dicho recientemente, convencidos del “valor de la política como instrumento de construcción de acuerdos y generación de consensos”.

 

En el curso de la presente Legislatura el PRI ha mantenido una actitud propositiva, que lo ha llevado a ser el principal impulsor de la ley para la reforma del Estado, buscando un gran entendimiento entre las fuerzas que confluyen en el Congreso de la Unión para adoptar decisiones destinadas a fortalecer nuestra democracia y nuestras instituciones.

 

En el PRI estamos conscientes de los grandes cambios que experimenta a diario el entorno mundial, y sabemos que quienes participamos en los distintos poderes y órdenes de gobierno tenemos la ineludible responsabilidad de contribuir a la toma de decisiones que permitan sintonizar el avance de México con ese entorno.

Para ello no vamos a escatimar esfuerzo alguno de interlocución ni con el gobierno ni con las organizaciones económicas, políticas y sociales, teniendo como respaldo nuestra trayectoria de construcción institucional.

 

No se trata simplemente de evocar el pasado para enaltecerlo o vilipendiarlo, sino de aprovechar las experiencias vividas para refrendar lo positivo y desechar lo negativo, impulsando permanentemente un desarrollo económico, social y político con justicia para todos. Ese es nuestro compromiso permanente con la nación.

Cambio climático y seguridad

Durante los primeros días de este mes, el Grupo Aspen Atlántico, del que formamos parte varios ex cancilleres de diversos continentes, celebró su octava reunión en Copenhague, bajo el rubro “Implicaciones políticas del cambio climático”. En ella, bajo la coordinación de Madeleine Albright, secretaria de Estado con el presidente Clinton, participaron personalidades de la talla de Matti Ahtisaari, de Finlandia; Lloyd Axworthy, de Canadá; Igor Ivanov, de Rusia; Hubert Vedrine, de Francia; Ana Palacio, de España, y Surin Pitsuwan, de Tailandia, entre otras.

En la reunión destacó la sesión dedicada al análisis de los vínculos entre el cambio climático y el ámbito de la seguridad, a partir de un documento del Consejo Consultivo Alemán sobre Cambio Global, titulado Cambio climático como un riesgo para la seguridad, el cual identifica varias amenazas a la estabilidad y seguridad internacionales, a las que me referiré en forma resumida.

 

Primeramente, se señala que el cambio climático conlleva riesgos para el desarrollo económico del mundo entero, generando conflictos entre los principales causantes del calentamiento global y los más perturbados por él, todo ello con el posible incremento del número de estados débiles y frágiles, y también con un alto potencial de grave afectación a los derechos humanos.

 

Una segunda consecuencia del cambio climático identificada en el citado documento se refiere al impulso e intensificación de la migración en función del deterioro de las condiciones ambientales, lo que impide a grandes núcleos humanos mantener su vida cotidiana y llevar a cabo sus actividades productivas. Este es un fenómeno cuyas secuelas económicas, sociales y políticas ocupan ya un espacio destacado en las relaciones entre los países de origen y destino de la migración, y es un tema que está demandando su tratamiento en los foros internacionales más importantes.

 

Un tercer señalamiento es que los efectos del cambio climático ponen en riesgo la legitimidad de los países industrializados como actores centrales de la gobernanza global, lo que podría llevarlos a radicalizar sus políticas de seguridad.

 

Es sabido que algunos de los países que tienen las mayores responsabilidades en materia de cambio climático rehúsan comprometerse a su mitigación suscribiendo acuerdos internacionales de carácter vinculante. En este sentido, las consideraciones acerca de la multiplicación de los riesgos inherentes al cambio climático, cuyos efectos se extienden a la seguridad de todos los países del orbe, podrían influir en las decisiones futuras de gobiernos que hasta ahora se han mantenido al margen de los esfuerzos mundiales para combatir el calentamiento global.

 

En ese tenor, llama igualmente la atención otro documento circulado en la mencionada reunión. Se trata del trabajo de la organización no lucrativa CNA Corporation titulado Seguridad nacional y amenazas del cambio climático. En él se recogen las opiniones de un grupo de altos mandos de la Marina estadounidense acerca de las implicaciones geoestratégicas del cambio climático, incluidos sus impactos regionales y aquellos que afectan a los sistemas de infraestructura y a las operaciones militares. El estudio concluye que todo ello constituye una seria amenaza para la seguridad de Estados Unidos al acentuar la inestabilidad mundial e introducir tensiones, incluso en las regiones más estables del planeta.

 

A partir de lo anterior, pudiera suceder que el análisis de los efectos del cambio climático en términos de seguridad, tanto nacional como global, acabara convirtiéndose en un factor de convencimiento para que todos los países se comprometan en el esfuerzo común de combatirlos. Resultaría paradójico que lo que no ha conseguido la voz de los científicos lo acabara logrando la preocupación de los dirigentes políticos. Pero, si el resultado es el deseable, ¡vale!

México y el Grupo de Río

Hace cuatro días, en Santo Domingo, México recibió la Secretaría Pro Témpore del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, más ampliamente conocido como Grupo de Río, en la XX reunión cumbre de este foro integrado por 18 naciones latinoamericanas, a las que se han unido Guyana y los países agrupados en la Comunidad del Caribe (Caricom).

El gran valor político del Grupo de Río reside en ser el único espacio abierto a la participación de los países de América Latina y el Caribe sin injerencia de otros actores continentales, como en la Organización de los Estados Americanos (OEA), o extracontinentales, como en las cumbres iberoamericanas.

Otro aspecto que cobra relevancia en la actual coyuntura latinoamericana es que el surgimiento del Grupo de Río fue en buena medida resultado de la gestión exitosa del Grupo Contadora, en el que se conjuntaron esfuerzos de varios países latinoamericanos para conseguir la pacificación de Centroamérica en los años 80 del siglo pasado. Curiosamente, dos de esos países, Colombia y Venezuela, son hoy actores en una complicada situación geopolítica en la esquina noroccidental de Sudamérica, en la que también participa Ecuador.

Para completar una visión del actual contexto regional, es importante mencionar que un considerable número de países latinoamericanos pasa por una etapa de grandes transformaciones políticas que han llevado al poder por la vía democrática a fuerzas cuya orientación ideológica abarca un amplio abanico de posiciones de izquierda. Al mismo tiempo, existe una abierta competencia entre Brasil y Venezuela por el liderazgo en el escenario regional, si bien el primero busca tener mayor influencia económica y el segundo actúa en procura de ascendiente político. Otro aspecto, de carácter coyuntural, es el elevado precio que han alcanzado materias primas que producen y exportan varias naciones del área, concediendo a sus gobiernos mayores márgenes de maniobra.

Las circunstancias antes señaladas conforman el entorno en el que se dará el desempeño de México al frente de la Secretaría pro témpore del Grupo de Río, mecanismo que por su especificidad latinoamericana podría resultar un instrumento más eficaz para resolver crisis como la recientemente vivida, cuando la diplomacia llega a sus límites y sólo queda el diálogo directo de mandatarios, tal cual ocurrió en Santo Domingo. Una posibilidad semejante no existe en la OEA, en la cual además hay que lidiar con las suspicacias que genera la influyente participación de EU, normalmente inclinada al apoyo de algunos gobiernos que considera afines.

Sería iluso pensar que la crisis andina está zanjada, en virtud de sus múltiples componentes nacionales, regionales y extrarregionales, pero no cabe duda de que los gestos de acercamiento que tuvieron lugar en la cumbre del Grupo de Río, alentados por los mandatarios ajenos al conflicto, permiten albergar esperanzas de que se consiga restaurar una convivencia pacífica entre Colombia y sus vecinos Venezuela y Ecuador.

En estas circunstancias, particularmente delicadas, nuestro gobierno deberá conducirse en la Secretaría pro témpore con equilibrio y determinación, para recuperar su lugar de interlocutor clave en la región, lo que incrementaría su credibilidad ante otros actores internacionales como Estados Unidos y Europa.

Es la oportunidad de traducir en acciones concretas el discurso manejado por el presidente Calderón desde el inicio de su gestión, evidenciando la voluntad de participar activamente en el robustecimiento del diálogo y los mecanismos de colaboración con América Latina. No hacerlo fortalecerá la noción interesada en ubicar a México no sólo geográfica sino funcionalmente como parte de Norteamérica, aislándonos del entorno al que pertenecemos por razones históricas y culturales, con los múltiples costos que ello conllevaría.

Un liderazgo colectivo

En junio de 2007, a un mes de su ascenso a la Presidencia de la república francesa, Nicolas Sarkozy anunció la creación de una comisión para la liberación del crecimiento francés, la cual se instaló en agosto con la participación de 43 personalidades de las más diversas procedencias, desde académicos y funcionarios hasta empresarios y banqueros, pasando por comunicadores y gente del ambiente cultural. Una de las principales razones de esta iniciativa fue que a pesar de los importantes recursos de diverso orden con que cuenta Francia, su crecimiento medio después del año 2000 ha sido sólo de 1.7% anual.

La comisión fue encargada de proponer la manera de mejorar la competitividad y la productividad, para asegurar una mejor inserción de Francia en la economía europea y mundial. Para ello llevó a cabo cientos de audiencias con representantes de todas las organizaciones sociales, políticas y económicas relevantes en la vida francesa, sin dejar de escuchar la opinión de organismos internacionales.

El primer informe de la comisión, cuya coordinación fue encomendada al conocido economista Jacques Attali, fue presentado el pasado 23 de enero. En él se afirma que la pérdida de dinamismo de la economía francesa es atribuible a la incapacidad de realizar reformas básicas en sus procesos de gestión. Ese conservadurismo, según el informe, ha provocado severos problemas de desigualdad y tiene como víctimas “a los jóvenes, los desempleados, los más pobres y los excluidos del mercado de trabajo, y más generalmente a las clases medias que viven de los ingresos de su trabajo”.

Para remontar esta situación la comisión Attali formula 316 propuestas. Se trata de “un plan global, no político”, que a la letra señala no estar diseñado para satisfacer objetivos “electoralmente útiles”, y deberá ser puesto en práctica a partir de abril, a fin de alcanzar sus objetivos de crecimiento, empleo y reducción de la pobreza en 2012.

Llama la atención que el título del primer capítulo del informe sea una paráfrasis del Génesis: “En el principio… el conocimiento”, revelando la importancia que la comisión concede a la educación y a la investigación, como elementos fundamentales del proceso de revitalización de Francia. También es notable que en su parte final el informe aborde el cómo, estableciendo el calendario de un plan operacional para cada decisión fundamental.

La extensa referencia anterior tiene por finalidad provocar una reflexión sobre la necesidad de avanzar hacia la formulación de un proyecto de reactivación de la economía mexicana, semejante al producido por la comisión Attali, para generar condiciones de mejoría de los sectores sociales más desprotegidos, de reducción de la brecha de la desigualdad y de nuestra inserción exitosa en la inevitable competencia global.

Tal aspiración resulta de particular urgencia en momentos en que, por muy diversas razones de política interna y de efectos de la inestabilidad económica internacional, pese a tener un diagnóstico claro y compartido por muchos sectores, no hay líneas precisas ni plazos definidos para la conducción del proceso de desarrollo económico y social de México.

Se advierte la dificultad de que un planteamiento integral de esa naturaleza surja de la Presidencia de la República o de alguna de las principales fuerzas políticas y sea acogido por el conjunto de la sociedad. Incluso hemos atestiguado la inoperancia de convocatorias surgidas de los niveles más altos del sector empresarial.

Ante la evidencia de liderazgos fracturados y diluidos, es apremiante conseguir a corto plazo la conformación de un liderazgo colectivo e incluyente que pueda integrar una propuesta para dar rumbo a la nación en la actual coyuntura mundial. ¡Ese es el reto!

¿Un ‘déjà vu’?

Reconocer que la migración constituye un fenómeno mundial exige analizar sus diversas connotaciones generales y específicas.

Por un lado, destacan temas tan dolorosos como el maltrato del que son víctimas aquellos que llegan sin los documentos migratorios para abrirse paso en sociedades que, si bien requieren sus servicios, les niegan el derecho a un trato digno, a un permiso de trabajo, a un salario justo, a sentirse seguros en su cotidianidad. Lastima también que la gran mayoría de ellos abandonaron su patria porque no encontraron en ella trabajo, certidumbre, dignidad, oportunidad; por la ausencia de políticas públicas que los tomaran en cuenta.

Duele, igualmente, que se van los mejores ciudadanos, hombres y mujeres, emprendedores, trabajadores, decididos, valientes, habilidosos; jóvenes preparados, frustrados por la falta de estímulos y oportunidades para hacer efectivos los conocimientos que adquirieron. Indigna el hecho de que sus aportes no son apreciados en los países a los que llegan y a menudo se les echa en cara el costo de utilizar servicios públicos como la educación y la salud, a pesar de que pagan impuestos.

Se mantiene y propaga el prejuicio de que los trabajadores indocumentados sólo extraen beneficios pero no contribuyen a la formación de riqueza, como si el trabajo que realizan, aunque mal pagado, no se tradujera en beneficios para el país receptor, como lo demuestran múltiples estudios sobre el tema. Angustia que en los países expulsores existan comunidades fantasma, pobladas de ancianos y también de niños que sólo esperan crecer para emigrar. Preocupa el impacto de esa emigración sobre los países de origen en donde escasean trabajadores calificados, y a los que jóvenes educados en el extranjero no quieren regresar pues prefieren permanecer en donde encuentran mayores oportunidades y mejores ingresos.

Todos los anteriores aspectos que caracterizan globalmente el fenómeno migratorio duelen y preocupan seriamente, como lo hacen algunas de sus manifestaciones más concretas.

En Estados Unidos, la xenofobia y los sentimientos antimexicanos están ganando la partida. El fracaso de la reforma migratoria integral se ha traducido en la proliferación y endurecimiento de medidas locales, así como en incidentes fronterizos inaceptables. Recientemente, por ejemplo, en la zona de Tijuana la patrulla fronteriza estadounidense respondió a una agresión con piedras desde México, lanzando a través del ignominioso muro construido para desalentar los cruces indocumentados gases lacrimógenos y de pimienta.

En la Unión Europea el panorama no es mucho más alentador. De Irlanda a Bulgaria, de Finlandia a España, los centros de detención de indocumentados se multiplican. En la actualidad existen 224 en los que pueden internarse más de 30 mil extranjeros indocumentados que esperan su deportación, y en muchos de ellos las condiciones son más bien precarias y evocan horrores que pertenecen al pasado, como el hecho de que en el sur de Francia se haya habilitado uno de ellos en las instalaciones del que fuera uno de los más grandes campos de internación de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Un estudio reciente del Parlamento Europeo describe cómo algunos de estos centros se asemejan a cárceles, con alambrados de púas y cámaras de vigilancia, y cómo muchos de ellos están infestados de enfermedades, carecen de servicios médicos apropiados y son teatro de asesinatos, incendios criminales y suicidios, además de que puede retenerse en ellos a los internos hasta por 18 meses, cuestiones todas ellas que violentan los derechos humanos de los indocumentados detenidos.

Estos son algunos ejemplos de la equivocada concepción y lo inadecuado del tratamiento a este fenómeno global que es la migración. Muros, campos de internamiento, gases, ¿un déjà vu?, ¡ojalá no!

AL y el derecho internacional público

Al surgir a la vida independiente, algunas naciones latinoamericanas se confrontaron sobre todo por razones limítrofes, y esos diferendos las llevaron a protagonizar conflictos bélicos. Entre esas luchas fratricidas destaca la Guerra del Pacífico que enfrentara a Chile con Perú y Bolivia en 1879, y cuyos nocivos efectos perduran hasta nuestros días dado que, como resultado de ella, Bolivia se vio privada de una salida al mar, cuestión que sin duda ha contribuido a dificultar el pleno desarrollo de este país.

Todavía en el siglo XX, la región fue víctima de varios conflictos armados en virtud de diferendos territoriales. Ejemplos de ello son la Guerra del Chaco, librada entre Bolivia y Paraguay en los años 1932 a 1935; la guerra entre Perú y Ecuador de 1941; y la Guerra del Futbol, también llamada “de las 100 horas”, protagonizada por Honduras y El Salvador, en julio de 1969.

Es interesante observar que el hecho de que aunque varios conflictos entre países latinoamericanos debieron resolverse por la indeseable vía de las armas, ello no impidió a la región acuñar importantes tesis de derecho internacional público, producto de la necesidad de encontrar mecanismos jurídicos de defensa frente a las múltiples debilidades institucionales y económicas de nuestras naciones.

Así, el jurista argentino Carlos Calvo sostuvo que quienes viven en un país extranjero deben realizar sus demandas, reclamaciones y quejas sometiéndose a la jurisdicción de los tribunales locales, evitando recurrir a presiones diplomáticas o intervenciones armadas de sus propios Estados o gobiernos.

De manera complementaria, en 1902 el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Luis María Drago, indignado por el acoso del que era objeto Venezuela por parte de Gran Bretaña, Alemania e Italia, estableció que ningún poder extranjero debería utilizar la fuerza contra una nación americana para cobrarse una deuda.

Las anteriores expresiones, reconocidas respectivamente como la Doctrina Calvo y la Doctrina Drago, constituyeron aportes relevantes al derecho internacional público que privilegia la utilización de instrumentos jurídicos por encima del ejercicio de la fuerza, en la solución de conflictos.

Pero estas referencias históricas no sólo reflejan la prácticamente tradicional postura latinoamericana al lado del derecho. Vienen, también, a colación porque actualmente los países de la región muestran nuevamente su preferencia por la solución pacífica de controversias. Basta señalar que de los 12 casos abiertos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cinco han sido presentados por naciones de nuestra región.

Me refiero en primer lugar al denominado “caso Avena” sometido por México, el cual se refiere al esfuerzo de nuestro país para evitar que 51 compatriotas condenados a muerte en Estados Unidos sean ejecutados. Resalta el hecho de que desde la dictaminación, ninguno de ellos ha sido ejecutado.

Nicaragua por su parte, está involucrada en dos casos atendidos por la Corte a fin de resolver sendos litigios de límites marítimos con Honduras y Colombia, y en fecha reciente Perú demandó a Chile por un diferendo similar.

Otro caso, aunque distinto pues se trata de un asunto de carácter ambiental, es el relativo a la operación de fábricas de celulosa uruguayas, conocidas como “papeleras”, sometido a la Corte por Argentina con el argumento de que la descarga de sus desechos contamina el limítrofe río Uruguay.

Es alentador esperar que en la medida en que nuestra región continúe privilegiando el recurso a la Corte Internacional de Justicia para resolver pacíficamente sus controversias, reducirá el potencial de muchas de ellas para afectar las buenas relaciones que deben predominar entre países que comparten historia, valores, tradiciones y espacio geográfico.

Europa marcha hacia América Latina

Pausada pero sistemáticamente, la Unión Europea avanza en su acercamiento a América Latina. Ha firmado acuerdos amplios que incluyen comercio e inversión, primero con México y luego con Chile. Ha realizado una primera ronda de negociaciones con Centroamérica y una segunda con la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Ha concertado una asociación especial con Brasil y está en busca de una vinculación con el Mercosur.

Los resultados de esta marcha de la Unión Europea como entidad política, económica y social hacia Latinoamérica no siempre son espectaculares en términos de volúmenes comerciales, inversiones directas o acciones de cooperación, pues en la agenda europea hay otros asuntos y regiones que demandan gran atención, pero revelan claramente una visión estratégica: sin dejar de reconocer su importancia mundial y el particular peso que tiene en nuestra región, Europa considera que Estados Unidos no puede tener a América Latina como su “patio trasero”. Esta certeza europea le permite establecer con fuerza su interés por Latinoamérica y el Caribe, sobre todo en momentos en que la atención estadounidense está puesta en los asuntos domésticos, con un proceso electoral que se advierte asaz complicado.

Si, como es tradicional, la política exterior ocupará poco espacio en los debates entre candidatos a la Presidencia de EU y, en todo caso, la discusión estará centrada en temas como la presencia militar en Afganistán e Irak, la paz en el Medio Oriente, la amenaza de proliferación nuclear y la lucha contra el terrorismo, todo parecería indicar que el campo está libre para que la Unión Europea mantenga su estrategia de avanzar hacia nuestra región.

Si algo hemos visto en Latinoamérica en los últimos tiempos es la multiplicación de las inversiones españolas, francesas, alemanas, inglesas y holandesas, entre otras. Pero esta marcha europea hacia América Latina plantea algo más que un regreso de los intereses del viejo continente y abre dos posibilidades reales.

La primera, tomar en serio la indispensable diversificación de los vínculos económicos de nuestros países, un reto especialmente difícil para México que pese a sus múltiples acuerdos comerciales internacionales no encuentra aún su equilibrio y mantiene su excesiva dependencia de EU. La segunda, incitar a los latinoamericanos a fortalecernos como bloque político-comercial para insertarnos con mayor peso en la globalización, lo que plantea también dificultades a nuestro país pues no hemos logrado avanzar en nuestra “latinoamericanidad”.

Así, mientras Europa marcha hacia Latinoamérica reconociendo y apoyándose en los esquemas de integración en nuestra región, México no marcha hacia el sur. Sus acuerdos con Chile o Centroamérica reconocen la importancia del comercio y la inversión, pero no muestran una verdadera intención de formar parte de una comunidad latinoamericana.

Urge formalizar nuestra asociación al Mercosur dejando de lado temores y recelos que hasta ahora han impedido un acuerdo de libre comercio entre México y ese grupo de países al que cada vez se unen más naciones sudamericanas. Urge aprovechar la invitación expresa que se ha hecho a México para incorporarnos como miembro asociado de la CAN, como lo ha hecho Chile. Urge impulsar, junto con el resto de América Latina, políticas públicas con profundas connotaciones sociales y distributivas para eliminar la pobreza y la desigualdad y adoptar mecanismos de solidaridad semejantes a los fondos de cohesión y estructura europeos.

Urge, en síntesis, que nos decidamos en favor de una auténtica integración latinoamericana a fin de consolidar a la región como un bloque en un mundo dominado justamente por bloques y países poderosos. ¿Por qué Europa cruza el Atlántico y México no se anima a cruzar el Darién?