Con gran frecuencia en el escenario político se hacen referencias dolosas al Partido Revolucionario Institucional, bien para acusarlo de coludirse con el poder en contra de los intereses de la sociedad, bien para culparlo de los problemas para los que no se encuentran soluciones.
En el primero de los casos, lo que se busca es justificar la propuesta de abandonar el debate, argumentando que existe una conjura, y en el segundo, la idea es demostrar que todo lo hecho durante los decenios en que gobernó el PRI es deleznable, tratando de responsabilizarlo de todos los males y de cubrir errores del presente atribuyéndolos al pasado.
A la vista de esta circunstancia, conviene una mirada retrospectiva para referir algunos logros de los gobiernos priístas, entre los cuales destaca la creación de instituciones que hoy son clave en la vida nacional: el Ejército y la Armada profesionales, el Banco de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Politécnico Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin duda, los gobernantes pasan, las instituciones permanecen.
Resultaría imposible entender al México actual sin valorar las decisiones asumidas por el PRI en materia de desarrollo democrático, desde el voto de la mujer, en 1953, hasta la creación el Instituto Federal Electoral, en 1990, pasando por el diseño y la puesta en práctica de diversos ordenamientos que reconocen el derecho de los partidos minoritarios a estar representados en los cuerpos legislativos. Todo, sin olvidar la creación del IFAI para dar transparencia al ejercicio del poder público.
Sería irresponsable negar que en el trayecto se cometieron errores y se generaron insuficiencias que obligaron a abrir el diálogo entre el gobierno y la sociedad, en el cual, si bien hubo momentos de crisis y hasta de brutal confrontación, acabaron triunfando decisiones de modificación de estructuras y dispositivos jurídicos que ya no respondían a las demandas del momento. Lo cierto es que el PRI supo enfrentar ese reto transformador con responsabilidad y propició los cambios necesarios para garantizar condiciones democráticas y lograr estabilidad y paz social.
Hoy, mi partido ha asumido plenamente su condición de opositor en ese sistema democrático a cuya construcción contribuyó de manera decisiva, lo que implica desempeñarse con lealtad a las instituciones en las tareas que nos confía la sociedad. Es decir, actuando, como lo hemos dicho recientemente, convencidos del “valor de la política como instrumento de construcción de acuerdos y generación de consensos”.
En el curso de la presente Legislatura el PRI ha mantenido una actitud propositiva, que lo ha llevado a ser el principal impulsor de la ley para la reforma del Estado, buscando un gran entendimiento entre las fuerzas que confluyen en el Congreso de la Unión para adoptar decisiones destinadas a fortalecer nuestra democracia y nuestras instituciones.
En el PRI estamos conscientes de los grandes cambios que experimenta a diario el entorno mundial, y sabemos que quienes participamos en los distintos poderes y órdenes de gobierno tenemos la ineludible responsabilidad de contribuir a la toma de decisiones que permitan sintonizar el avance de México con ese entorno.
Para ello no vamos a escatimar esfuerzo alguno de interlocución ni con el gobierno ni con las organizaciones económicas, políticas y sociales, teniendo como respaldo nuestra trayectoria de construcción institucional.
No se trata simplemente de evocar el pasado para enaltecerlo o vilipendiarlo, sino de aprovechar las experiencias vividas para refrendar lo positivo y desechar lo negativo, impulsando permanentemente un desarrollo económico, social y político con justicia para todos. Ese es nuestro compromiso permanente con la nación.
