El ‘New York Times’ publicó recientemente un artículo que daba cuenta de los problemas que confrontan comunidades estadounidenses por el cierre de empresas que emigran a otras naciones, entre ellas México, como resultado de decisiones tomadas en terceros países por consideraciones tales como el costo de la mano de obra, las tendencias del tipo de cambio o la evolución de los mercados, entre otras.
El resultado concreto es la pérdida de empleos y la depresión económica que sufren las comunidades al perder fuentes de producción. Desde luego, hay regiones en EU que por su vocación y tradición industrial están más expuestas que otras a sufrir este tipo de complicaciones.
La situación descrita es una manifestación más del proceso de globalización, frente al que se consideró inmune la economía más poderosa del planeta. La evidencia de que ello no es así coloca a nuestros vecinos del norte ante la necesidad de encontrar mecanismos de compensación que les permitan auxiliar a sus comunidades afectadas, las cuales se suman a otras áreas urbanas y rurales que padecen problemas de pobreza.
De hecho, los pobres en la Unión Americana suman 37 millones (lo que equivale casi a la población de toda Centroamérica) y representan 12.6% del total de la población del país, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Esta situación podría agravarse por los problemas actuales de la economía estadounidense.
Por supuesto, México tiene un problema de pobreza mucho mayor y Canadá también presenta algunos problemas en este rubro, aunque en menor escala. Así, resulta evidente que en los tres países asociados en el TLCAN existen áreas y sectores históricamente afectados por la pobreza y eso determina importantes disparidades nacionales que eventualmente se traducirán en problemas a nivel regional.
Esta clase de situaciones está presente también en el ámbito de la Unión Europea pero ha sido resuelta bajo la óptica de que el bienestar del conjunto tiene como condición indispensable el bienestar de cada uno de sus integrantes. De ahí la creación de los fondos de cohesión y estructura que, aplicados a la solución de los problemas de rezago de países, y de regiones dentro de cada nación, han dado fortaleza a la Unión y generado las condiciones para el desarrollo de un mercado de 500 millones de personas, cada vez más homogéneo.
En numerosas ocasiones he llamado la atención sobre ese hecho y sugerido que una política similar debiera ser puesta en práctica en la región norteamericana. Esa lógica, además, debería extenderse a Centroamérica en un replanteamiento auténtico del Plan Puebla Panamá.
Con lo anterior se estarían construyendo las bases para un mercado regional de dimensiones casi iguales a las de la Unión Europea, y reduciendo problemas que hoy son causa, entre otros fenómenos, de presiones migratorias.
Hoy concluye en Nueva Orleáns la cuarta reunión Cumbre de los Líderes de Norteamérica, cuyas preocupaciones centrales son la prosperidad y la seguridad. Es muy probable que este mecanismo de diálogo y concertación en el que participan los presidentes de México y Estados Unidos, así como el primer ministro de Canadá, se mantenga después del cambio de gobierno estadounidense.
Sería altamente deseable que en el futuro este esquema de comunicación al más alto nivel se proponga metas de integración regional equilibrada, que incluyan fondos para impulsar la cohesión social y económica en cada uno de los tres países de Norteamérica y en los siete del istmo centroamericano, para compensar las disparidades entre todos ellos con el objetivo de consolidar una gran región cada vez más próspera y segura.
